Paola Pedrosa, presidenta del instituto THADI, Taller Hogar Actividades Diferenciales, y representante por Mendoza en el Consejo Federal de la Discapacidad, admitió la extrema situación que atraviesa el sector y volvió a pedir por la reglamentación de la Ley de Emergencia Nacional en Discapacidad.
La titular de THADI comentó cuál es el panorama actual y que los avances que ha habido fueron a título administrativo para cumplir con un recurso de amparo de la justicia: “El gobierno se vio obligado a reglamentar la ley, pero una ley que está reglamentada en la letra, pero que no ha tenido ningún cambio, ninguna solución, siendo que es una ley de emergencia que se debe implementar ya”.
“Es un conflicto que lleva muchos años, pero que se profundizó fuertemente en el año 2024 y 2025 y lo que va del 2026. La ley de emergencia no solo es para los aranceles de los prestadores, sino que también fija un cambio en la pensión por discapacidad, o sea, solamente una persona que tuviera discapacidad e imposibilidad de trabajar podía acceder a esa pensión, y la nueva ley propone el cambio de invalidez laboral a una ley por protección social”, explicó.
Pedrosa admitió que “hay prestadores que han ido cerrando servicios o reduciendo la cantidad de personas que atienden, o viendo afectada la calidad de la prestación, porque obviamente tienen que haber recortes de gastos obligados, porque las instituciones estamos al borde de la quiebra”.
“Aparte de que el gobierno no esté actualizando los valores y demás, Incluir salud y PAMI no han pagado ninguna prestación en todo el mes de febrero. O sea, aparte de que todas las obras sociales presentan entre 90 y hasta 120 días de demora en el pago, ahora estas obras sociales grandes no han pagado nada en todo el mes”, señaló acerca de otro de los problemas que se presenta.
