La Cámara de Diputados de la provincia aprobó el proyecto de Ley de Ciberseguridad impulsado por el Ejecutivo provincial, el cual ya había recibido media sanción por parte del Senado.
Bárbara Peñaloza, especialista en derecho informático y delitos cibernéticos, explicó los puntos más importantes de la nueva ley: “No conozco que otra provincia tenga una ley como esta. Era una deuda tener una protección legal ante ciberataques a infraestructuras críticas, que son aquellas mediante las cuales el estado ejerce sus funciones, presta sus servicios esenciales. Pensemos en salud, transporte, suministro de agua, suministro de luz, comunicaciones”.
“Los ciberataques se encaminan contra estas infraestructuras, ya sea para generar un ataque y evitar su normal funcionamiento, y ya lo hemos visto a nivel mundial”, expresó a Radio Regional.
Peñaloza señaló que la ley protege los datos de las personas contenidos en estas infraestructuras, como así también la prevención de acuerdo a la posibilidad de riesgo ante un ciberataque.
Por otro lado, también indica los pasos a seguir una vez producido el ataque, haciendo hincapié en la resiliencia del servicio. Es decir que, una vez ocasionado un ciberataque, rápidamente se pueda lograr poner en funcionamiento nuevamente la prestación.
Qué pasa con el ciudadano de a pie
Más allá de la importancia de la ley para las instituciones del estado, la especialista aclaró que la ley no mejora la seguridad de la ciudadanía en general: “Son ataques específicos, no son aquellos ciberdelitos que atacan al ciudadano de a pie de forma particular, sino que son ciberataques que apuntan o atentan contra la continuidad de un servicio público, o contra una base de datos pública”.
“Esta ley no influye ni mejora en ese aspecto, excepto por la protección extra de datos. Esos delitos, cometidos a través de canales digitales, son delitos que están tipificados en el Código Penal, que es una ley nacional. Es el Congreso nacional el encargado de limitar estas conductas delictivas o agravar las penas”, concluyó.
