“Lo que nos preocupa es que a partir de una nota periodística deba rectificarse una declaración jurada de un funcionario”
La legisladora Adriana Cano manifestó sus sensaciones tras destaparse el escándalo con el titular de AySAM Humberto Mingorance, quien admitió públicamente la omisión de bienes y propiedades en sus declaraciones juradas.
Sobre este punto, la funcionaria habló en Radio Regional y admitió que “nosotros alertamos la situación de este funcionario después de la presentación de la declaración jurada que correspondía realizarla el último día hábil del mes de febrero. Después de eso, una nota periodística alertó sobre las incongruencias que había entre la declaración jurada presentada y las propiedades que se le atribuyen en la Administración Tributaria de Mendoza. Eso terminó rectificando el acta de la declaración jurada en poquitas horas y admitiendo e ingresando a la misma siete propiedades, las cuales no habían sido declaradas en su momento”
“Lo que nos preocupa y nos llama la atención es que a partir de una nota periodística deba rectificarse una declaración jurada de un funcionario, sabiendo que hay un organismo creado por ley que tendría que haber alertado de esa situación. Y también es preocupante y grave que los bienes que ahora están incluidos en esa declaración jurada ya han sido adquiridos a partir del año 2020, donde este funcionario ya era funcionario público y ya tenía la obligación de declarar la adquisición de esos bienes durante esos años”, explicó.
Cano ratificó que la solicitud tiene que ver con que se inicie una investigación contra el funcionario, quien admitió esta situación en MDZ, y sobre esto destacó que “no tenemos conocimiento de ningún avance sobre ninguna investigación respecto a esas declaraciones. También paralelamente a la declaración que hicimos nosotros se aprobó un pedido de informe de otro bloque de la Legislatura, que solicita todo el detalle de las últimas declaraciones juradas, así que estamos esperando también contar con esa información”
“Hay que considerar que este funcionario es el funcionario de una de las áreas que más presupuesto recibe en la provincia de Mendoza, así que nos parece que es importante que la política se haya puesto de acuerdo para que le pidamos al Tribunal de Ética que investigue y que funcione como la ley se lo exige”, manifestó la entrevistada.
