El doctor Hernán Echevarría es el abogado de la mujer que gastó parte del dinero que había recibido por un error de una transferencia superior a los 500 millones de pesos.
En diálogo con nuestra emisora, el letrado explicó que “el estado provincial realiza en principio una cifra cercana o superior a los 510 millones de pesos, que en lo cual dichos fondos terminan en una cuenta judicial de mi defendida. Ella tiene una cuenta judicial donde recibe las cuotas alimentarias mensualmente del padre de sus hijos y en esa cuenta termina llegándole la cifra. Lo cierto del caso es que le suena la campanita del teléfono y cuando mira ella no entendió qué fue lo que pasó, de hecho ella creía que se le había roto el teléfono o que se había clavado la aplicación”
“En esa situación, ella lo primero que pensó fue en la necesidad de sus hijos, en sus propias necesidades, en las necesidades de sus allegados, y sí, claro que fue al supermercado, compró mercadería, también es cierto que compró colchón, compró ropa de invierno, zapatillas, inodoro, materiales de construcción, un piso, porque no tiene piso en la casa, como también es cierto que compró un auto, pero obviamente que no estamos hablando de una 4×4 o un 0 kilómetro, un autito muy modesto, muy chiquito, viejito”, detalló el abogado.
Echevarría subrayó también que “ella recibe un allanamiento, horas antes ya la habían bloqueado las cuentas bancarias, y en ese allanamiento tiene un secuestro de la totalidad de los elementos que había comprado en esos dos o tres días, como asimismo quedan seis integrantes de las familias retenidos. Después que terminan las detenciones, la jueza ordena la libertad, pero también les obliga a pagar una fianza de 30 millones de pesos, caso contrario, van a marchar al servicio penitenciario. Es un dinero que, por cierto, no lo tienen, como así tampoco lo van a juntar”
“La carátula es “Gobierno de la provincia de San Luis contra Alejandra Acosta, estafas y otras defraudaciones. Concretamente ella está acusada de los delitos de estafa, de defraudación por el uso de tarjeta de crédito y débito, y está acusada del delito de retención indebida de fondos de fondos públicos. Estas son las tres imputaciones que pesan sobre ella”, expresó.
Sobre las posibles consecuencias legales para su defendida, el doctor manifestó que “el Estado no ha tomado hasta este momento ninguna medida contra mis defendidos y el Tribunal de Impugnaciones de la provincia nos ha fijado una audiencia para el día lunes 3 de junio, a las 10 horas, a los fines de ir a dar los apuntamentos de la apelación que yo interpuse el día martes con respecto a las imputaciones, que considero que no corresponden a estas calificaciones legales y asimismo a la suma exorbitante de los 30 millones de pesos”
“Ella no estafó a nadie, por eso entiendo que no puede caber delito de estafa. Sucede lo mismo con los delitos de defraudación de tarjetas de crédito y débito. Ella usó sus propias tarjetas. Ella era la titular, la legitimaria. Porque para que se configure ese delito, usted tiene que haber usado o robado las tarjetas, los códigos, usado algún ardid. Ella no usó nada. Era la legitimaria para usar esas tarjetas”, insistió.
