Gustavo Correa, Secretario General de la CTA y Secretario Gremial del SUTE, se expresó tras la polémica medida que impuso el Gobierno de Mendoza en donde se da potestad a los padres de alumnos de denunciar las inasistencias a clases de los docentes.
El sindicalista apuntó contra el gobierno provincial por la situación y aseguró que “es innecesario lo que está haciendo la Dirección General de Escuelas con el maltrato para con los trabajadores en general. Nosotros tenemos triple control de ausentismo, hay tres instancias, firmamos un libro de asistencia, una planilla en el caso de secundaria, tenemos biométrico digital, biométrico de rostro y el GEI. Por eso vemos la mala intención por parte del gobierno de enfrentarnos con la comunidad”.
“Está mal administrativamente, está mal pedagógicamente, está mal en términos de relaciones con la comunidad, tiene demasiados vicios, está mal porque le quita funciones al equipo directivo. No se les ocurre poner un botón que diga que la escuela no tiene agua, que no tiene banco, que no tiene pizarrón, que no tiene ventilación, que no tiene calefacción”, agregó Correa.
En esa misma línea, el Secretario General de la CTA manifestó que “al gobierno no se le ocurre que los padres tengan la posibilidad de manifestar que las escuelas carecen de material didáctico, que no tienen internet, estas cosas también podrían ponerlas. Ya que están en la creatividad de enfrentarnos con la comunidad, que los padres también puedan manifestarse con esto. Vos ves que hay una mala intención, clara y manifiesta”.
“Hay un desprecio manifiesto. Ellos lo expresan simbólicamente todo el tiempo. El gobierno de la provincia viene expresando esta situación de desprecio para con los trabajadores de la educación. Está claro, lo demuestra en este tipo de hechos”, sentenció el entrevistado.
Correa también hizo referencia a los pasos a seguir por los sindicatos ante este panorama: “Nosotros hemos hecho una presentación administrativa, que es pedir la revocatoria de esta situación, sobre todo por la dimensión de la función del trabajador y la dimensión de los datos personales. De no ser así, una vez que se venzan los plazos administrativos, iremos a la instancia judicial”.
