Hasta el momento son 7 los imputados y el juicio arrancaría en marzo de 2026 luego de la Feria Judicial.
Hace un año atrás, Fm Radio Regional daba la información de algunas irregularidades en el departamento de Junín, en el cual se presentó una denuncia por el robo de combustible oficial. Son siete en total los imputados y la causa aguarda la elevación a juicio y no se descarta que algunos funcionarios públicos estén implicados.
La denuncia fue presentada por el legislador provincial David Sáez, quien en su momento argumentó que el consumo de combustible oficial había aumentado más del 50% en los últimos meses y llevó a que se realizara una investigación. Mario Abed, intendente de Junín había declarado a nuestro medio: «Yo asumo en diciembre, en enero me doy cuenta de esta desprolijidad y automáticamente llamé al abogado y lo denuncié hice lo que corresponde».
Según el fiscal Mariano Carabajal, el robo de combustibles se habría producido por más de 20 millones de pesos, por lo que luego de una serie de allanamientos en los domicilios de los siete implicados se secuestraron teléfonos celulares y herramientas vinculadas a la manipulación de combustible. Además, se investigó el robo de áridos y ripio.
La investigación continuó su curso y ya finalizaron las etapas de instrucciones, por lo que es inminente la elevación a juicio para que se desarrolle la audiencia el próximo año. De acuerdo a lo que pudo acceder nuestro medio, el juicio arrancaría en marzo de 2026 luego del período de Feria Judicial y vacaciones; y todos los imputados y acusados estarán sentados en el banquillo. Además, entre las pruebas más contundentes, según lo que accedió Fm Radio Regional se encuentran audios que comprometen a los imputados con traslados de áridos a distintos lugares. En relación a esto, una fuente judicial dijo a nuestro medio: «Esos traslados se daban a través de algunos favores que se debían o favores económicos (venta) y alguna persona se quedaba con ese dinero».
Por otro lado, otra de las pruebas contundentes sería la manipulación de velocímetros y odómetros en los vehículos oficiales, y a través de los peritos, se comprobó que habían sido violentados, dañados y que varios de los camiones tenían el mismo problema, por lo que para el fiscal queda claro que los dañaron para que no se contaran la cantidad de kilómetros que recorrían y así podían «inflar» el gasto del combustible.
Para finalizar, nuestro medio pudo dialogar con personas allegadas a uno de los imputados quien manifestó: «Yo seré condenado y perderé mi trabajo, pero también voy a mencionar quiénes eran los jefes que me mandaban a hacer esto y a quiénes tenía que dar porcentajes de las ventas de los áridos».
