La decisión que tomó el gobierno de Martín Llaryora, que llevó la jubilación mínima a unos 700 mil pesos, generó un sinfín de lecturas e interpretaciones frente a un hecho muy poco usual en el país.
Florencia Markarián, que es abogada previsionalista, explicó de qué se trata esta medida: “Hay trece provincias que no transfirieron sus cajas previsionales a Nación, una de ellas fue Córdoba. Y lo que hace en Nación es cubrir el déficit, la diferencia que se produce entre lo que paga cada provincia y lo que cobrarían de haberse ido a Nación”
“La deuda fue tal y no se cubrió que tuvieron que recurrir a la justicia. Y llegaron a un acuerdo por el cual van a realizar una auditoría de 2019 a 2024, pero le tienen que ir dando los fondos que le deben, 60 mil millones en pagos mensuales y en doce cuotas. Entonces el gobernador entendió que, ya que se están acreditando los fondos y que esto va a ser de forma periódica, poder aumentar y llevar la jubilación de 380 mil, que era el haber mínimo, a 700 mil y un bono. Para todos aquellos que cobran hasta un millón 300 mil, es un bono bimestral por el importe de 100 mil pesos”, añadió.
Sobre si esta situación podría replicarse en otras provincias, Markarián expresó que “es un hecho aislado por el momento, pero posiblemente pueda ser replicado en tanto el gobierno nacional transfiera lo adeudado a cada provincia. De hecho, en el caso de Santa Fe, se intentó un acuerdo, pero como el monto es mayor, la cuota no llegaba a cubrir lo que correspondía, por lo tanto se rechazó y siguen en tratativa”
“Hay una ley que fue aprobada tanto por diputados como por senadores. Lo que pasa es que se está esperando el veto, que habrá que ver si es un veto total o es un veto parcial, y ahí están negociando con los gobernadores. Habrá que ver si también en el marco de las elecciones, hay margen para negociar. Lo que se está buscando es un consenso para poder vetar el aumento. Si prospera el veto todavía hay posibilidades para lograr esos aumentos del 7,2%”, aclaró la abogada.
