Se convirtió en ley el proyecto que establece multas para los padres de alumnos
Claudia Salas, quien formó parte de la Comisión de Cultura y Educación, dio detalles de la ley e instó a seguir trabajando para bajar las cifras de casos de bullying y acoso escolar en las escuelas de toda la provincia.
Salas explicó que esta ley viene a reforzar la responsabilidad de padres, madres y tutores frente a los casos de acoso o de bullying: “La realidad que todos conocemos es que existe el bullying y que muchas de estas situaciones no son acompañadas por los padres, entonces se estableció un nuevo protocolo que está vigente desde el 5 de octubre, por el cual se establece con claridad cómo deben intervenir los directivos, los docentes y los equipos técnicos, ante los casos de acoso escolar”
La entrevistada también explicó cuáles son los objetivos del nuevo protocolo: “Una vez que se pone en práctica, que tiene distintas distintas fases, tiene que ver con identificar, registrar la situación, comunicar, intervenir, llamar a los padres, ahí es cuando los casos van a ser derivados a los jueces contravencionales y ellos son los que van a aplicar las multas correspondientes”
Salas también hizo referencia al rol de la escuela ante estos casos y expresó: “Es el acompañamiento pedagógico, desde los problemas que podemos tener de aprendizaje, pero también problemas que tengan que ver con relaciones, temas familiares, de enfermedades, de vulneración, de derechos, son tratados por estos equipos de orientación en cada una de las instituciones educativas”.
Una responsabilidad de todos
Salas también advirtió que este tema involucra a todos los agentes que son parte de la problemática: “Esto es una responsabilidad compartida y creo que todos los que somos parte de la institución educativa tenemos que tener nuestra cuota de responsabilidad. Hay que hacerlo, hay que manifestarlo, hay que saber qué hacer, cómo hacer, dónde hacerlo, porque esto es lo que estamos tratando de buscar, herramientas que nos fortalezcan y el acompañamiento a los docentes”.
“Tenemos que saber por dónde actuar, cómo actuar, y también tenemos que ver el rol que van a cumplir las familias”, concluyó.
Cabe recordar que las sanciones para aquellos padres, madres y tutores que incumplan con el protocolo van desde 30 días de trabajo comunitario hasta multas económicas de entre 600.000 y 1.260.000 pesos.
