Esta es una medida que ha traído mucha polémica.
Se realizó una modificación por parte del Gobierno a la Ley 25.871 donde se regula la política migratoria. De acuerdo a lo que se publicó en el Boletín Oficial, se endurecen las deportaciones y el acceso a la ciudadanía, mientras que habilita el arancelamiento del sistema sanitario y señala que, si las universidades lo desean, pueden cobrar por el servicio a los extranjeros.
Estas modificaciones manifiestan que, excluidos los casos de emergencias y el acceso a la salud de los extranjeros residentes permanentes, se impone que “en los establecimientos que brinden atención sanitaria administrados por el Estado nacional, solo se brindará tratamiento médico o atención sanitaria habitual contra la presentación de un seguro de salud o la previa cancelación del servicio, de conformidad con las condiciones que establezca el Ministerio de Salud”.
De esta manera los migrantes deberán pagar para ser atendidos en los hospitales públicos nacionales, siguiendo la línea de lo que algunos gobernadores de provincias fronterizas vienen aplicando contra la población migrante.
Esta modificación ha causado polémica ya que hay personas que consideran que no es muy “humanitario”, mientras que otros lo ven como justo debido a que en el extranjero a las personas se les cobra y hay casos donde las han dejado morir.
