Siete son las personas imputadas y que están en el banquillo de los acusados.
Esta semana, comenzó a desarrollarse el juicio en el Palacio Judicial del departamento de San Martín contra las personas que destrozaron la fiscalía ubicada sobre calle 25 de Mayo y Arjonilla. Esto ocurrió en el mes de mayo de 2022 en el marco del pedido de justicia por el femicidio de Agostina Trigo. Este lunes comenzó el juicio y son siete personas imputadas, las cuales arriesgarían penas de prisión efectiva por los daños ocasionados.
En su momento, los gastos por los destrozos ocasionados en la sede de la Unidad Fiscal de San Martín rondaron los $5.000.000 para el Estado, a lo que hoy serían aproximadamente 30 millones de pesos hoy actualizados. A esto, se le sumaría una posible condena, ya que se los juzgará por daños al espacio público y privación ilegítima de la libertad porque en el momento del ataque, unas 20 personas se encontraban trabajando en el edificio y se vieron imposibilitadas de salir por los destrozos.
Según la información a la que logró acceder Radio Regional, son más de 50 los testigos que pasarán ante el tribunal dando su testimonio.
Hoy, en la segunda jornada del debate, uno de los imputados declaró que estuvo en el lugar, confirmó que el sitio estaba lleno de piedras, que la policía no se percató de ello y comenzaron a arrojarlas contra el edificio.
En caso de ser encontrados culpables, según lo que relató una fuente judicial a nuestro medio, las personas involucradas arriesgan una pena que va hasta los 5 años de prisión efectiva, con la posibilidad de ser trasladados al penal porque sería prisión efectiva al superar los 3 años de condena. Además, deberán afrontar los gastos por los destrozos ocasionados que superan los 30 millones de pesos.
En diálogo con Radio Regional dos años atrás, cuando se confirmó la elevación a juicio de estas personas, el fiscal Mariano Carabajal dio detalles de las dificultades que generaron estos ataques y lo difícil que fue retomar las actividades: Fue complicado volver al normal funcionamiento de las oficinas; retardó el accionar de la Justicia para que se trabajaran algunas causas que eran complejas y, realmente, se complicó normalizar la actividad. Tuvimos que trabajar a contrarreloj y la Unidad Fiscal quedó paralizada durante algunos días».
