El Ejecutivo oficializó la expulsión de un integrante de las fuerzas de seguridad.
En la jornada de este jueves, a través del Decreto 1148 firmado por el gobernador de la provincia de Mendoza, Alfredo Cornejo y la ministra de Seguridad, se confirmó la cesantía un ex Policía de Mendoza por haber sido acusado de cobrar una coima en la Ruta 7, en la zona Este.
De acuerdo al expediente administrativo, el hecho tuvo lugar el 13 de octubre de 2024 en un puesto de control ubicado sobre la Ruta Nacional 7, a la altura del kilómetro 948, en la zona Este, cuando una conductora fue detenida por el efectivo policial, identificado como Jorge Miguel Olmedo Romero, quien le habría manifestado que tenía que retenerle el vehículo por no tener el matafuegos, pero no lo haría si le daba dinero.
La mujer le realizó una transferencia por una suma de $22.000 a una cuenta vinculada al policía y luego procedió con su camino. Sin embargo, decidió hacer la denuncia en una comisaría y que derivó en una causa penal por «exacciones legales». La denunciante aportó como prueba la captura de pantalla del comprobante de pago de la transferencia realizada a través de Mercado Pago y que el titular de la cuenta coincidía con los datos personales del policía investigado.
Por otro lado, se incorporaron a la causa los informes del Centro Estratégico de Operacional Zona Este, registros de GPS de la movilidad involucrada, documentación de la Delegación Vial Santa Rosa y una foto del móvil que se encontraba en el lugar.
De esta manera, la Junta de Disciplina del Ministerio de Seguridad decidió cesantear a Olmedo, quien en su defensa aseguró que no se había acreditado la «materialidad» del hecho ni tampoco su responsabilidad» y que la medida era «desproporcionada», teniendo en cuenta que no se tomaron en cuenta sus antecedentes dentro de las fuerzas.
En caso que el ex agente quiera continuar con el reclamo, tendrá que recurrir a la Justicia a través de una Acción Procesal Administrativa y sería analizada por la Corte Suprema de Justicia. En tanto, el caso continúa bajo investigación en el ámbito penal, donde es tramitada por presuntas «exacciones legales» a raíz de la denuncia realizada por la conductora.
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