Si bien no son obligatorias ayudan mucho a las instituciones a que puedan solventar algunos gastos que requiera el establecimiento.
Si bien las cooperadoras escolares desde sus orígenes trabajan para cubrir parte de los gastos que demanda el mantenimiento de los establecimientos educativos, en la actualidad deben afrontar mayores gastos y en muchos casos, la falta de compromiso de los padres de sus alumnos.
Las cooperadoras escolares están reguladas desde 2012 por la ley nacional N°26.759 que dispone las obligaciones y estructura que tienen que tener pero el organismo de fiscalización y control es la Dirección de Personas Jurídicas del Ministerio de Gobierno.
Estas organizaciones deben estar integradas por miembros de la misma comunidad educativa y entre sus funciones están: participar en las acciones que tiendan a la promoción de la igualdad y el fortalecimiento de la ciudadanía democrática en las instituciones educativas; contribuir al mejoramiento de la calidad de las condiciones del espacio escolar, colaborando en el mantenimiento y las mejoras del edificio escolar y su equipamiento; realizar actividades culturales, recreativas y deportivas en el marco de los proyectos institucionales del respectivo establecimiento; percibir y ejecutar subsidios destinados al mantenimiento edilicio de los establecimientos educativos, la dotación de mobiliario y equipamiento, la adquisición de útiles, materiales didácticos y bibliográficos.
Lo recaudado es netamente para el establecimiento por lo que de ahí se saca el dinero que falta, ya que desde el Gobierno es muy poca la ayuda, para poder realizar mejoras edilicias como también comprar elementos que ayuden a una mejor educación.
Con respecto a la recaudación, la ley especifica lo siguiente que las cooperadoras podrán «recibir aportes y subsidios que otorguen las autoridades nacionales, provinciales o municipales; recibir contribuciones de sus integrantes, las que en ningún caso serán obligatorias para éstos o recaudar fondos a través de la realización de actividades organizadas con el consentimiento de las autoridades escolares, así como recibir contribuciones y/o donaciones de particulares, empresas y organizaciones de la sociedad civil.
«Sabemos que son momentos difíciles, que hay familias que no pueden pagar la cooperadora sobre todo aquellos que tiene más de un chico pero hay otros papás que como no es obligatorio no quieren abonar», manifestó la Directora de un establecimiento educativo de San Martín.
Con el pasar del tiempo la ayuda a las escuelas por parte de los padres ha disminuido considerablemente, ya sea porque los padres desconfían del destino del dinero, porque no tienen los medios para realizar el pago o simplemente porque consideran que al ser un establecimiento público no tienen que abonar nada.
«En los últimos años la colaboración hacia la cooperadora ha bajado más de un 50% por un lado por la crisis y por otro porque los padres deciden no colaborar», manifestó un Director.
El total a pagar en las cooperadoras es de 500 a 700 pesos anuales por lo que no sería un gasto significativo teniendo en cuenta los beneficios que trae para los estudiantes.
De esta manera queda al descubierto la falta de compromiso de los padres por ayudar y la problemática que enfrentan día a día los establecimientos para poder salir adelante solucionando los problemas que aparecen con la poca ayuda que reciben del estado y de la comunidad educativa.
Por redacción.
