jueves, enero 26, 2023
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Zona Este: cerca de 200 mujeres solicitaron la interrupción del embarazo en el 2022

El 15% fue derivada al Lagomaggiore ya que necesitaban otro procedimiento al estar el embarazo más avanzado.

El 30 de diciembre de 2020 se sancionó la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE) en Argentina y se promulgó el 14 de enero de 2021 y contempla un modelo mixto de plazos y causales.

El derecho del IVE es hasta la semana catorce de gestación. A partir de la semana 15 de gestación también reconoce el derecho a la interrupción legal del embarazo si es consecuencia de violencia sexual o hay un peligro para la salud o la vida de la persona gestante.

Durante el 2022 en la Zona Este alrededor de 200 mujeres solicitaron la interrupción del embarazo. De ellas 164 fueron de tratamiento ambulatorio, es decir que se realiza el procedimiento con pastillas y se continúa el control desde la casa. El otro 15% fue derivado al hospital Lagomaggiore ya que su estado de gestación era más avanzado por lo que requerían internación.

La interrupción de un embarazo con el medicamento misoprostol tiene una eficacia de entre el 85 y el 90%. A esa cifra se le sumó la distribución del combipack o tratamiento combinado de mifepristona y misoprostol, la segunda forma segura de lograr un aborto completo en el 98% de las situaciones, con menor tiempo de sangrado, menos dolor y efectos secundarios que el tratamiento con misoprostol solo.

Chaco, Corrientes, Mendoza y San Juan son las provincias que tienen una menor relación entre profesionales de salud disponibles para realizar abortos por cada 1000 mujeres en edad fértil.

La ley IVE/ILE también establece que los equipos de salud tienen un plazo máximo de diez días para garantizar el aborto desde su solicitud, y que la atención debe realizarse de manera segura y confidencial, con trato digno y respeto de la privacidad e incluir atención posaborto y consejerías en salud sexual.

Información y tratamiento

Una vez que se realiza el pedido de interrupción voluntaria del embarazo, el establecimiento de salud pondrá a disposición de las personas gestantes que lo soliciten:

  • Información sobre el procedimiento que se llevará a cabo y los cuidados posteriores necesarios.
  • Atención integral de su salud a lo largo de todo el proceso. En los casos en que se solicite la interrupción de un embarazo que fue resultado de una violación, el personal de salud pondrá a disposición de la requirente la información sobre los derechos establecidos en la Ley de Protección Integral para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres y, en particular, sobre los recursos de atención y canales disponibles para realizar una denuncia penal y la posibilidad de contar con asesoramiento legal.
  • Acompañamiento en el cuidado de la salud e información adecuada y accesible a las necesidades de cada persona sobre los distintos métodos anticonceptivos disponibles y la provisión de los métodos anticonceptivos previstos en el Programa Médico Obligatorio (PMO) y en la ley 25.673.

Estos servicios no son obligatorios para la paciente ni son necesario para realizar la práctica.

Consentimiento informado

Antes de la realización de la interrupción voluntaria del embarazo se debe solicitar el consentimiento informado de la persona gestante por escrito. Ello de acuerdo con lo previsto en la ley 26.529 y en el artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación. Nadie puede ser reemplazado en el ejercicio de este derecho.

En la historia clínica se deberá dejar constancia del otorgamiento del consentimiento informado. En los casos en que, por las condiciones de la persona gestante, el consentimiento no
pueda emitirse por escrito, se otorgará en un formato que le resulte accesible como braille, digital, audio, entre otros, y el mismo deberá incorporarse a la historia clínica.

Personas menores de edad

La solicitud de la interrupción voluntaria del embarazo se realiza de la siguiente manera:

  • Si la persona es mayor de 16 años de edad tiene plena capacidad por sí para prestar su consentimiento para ejercer los derechos de esta ley;
  • Si la persona es menor de 16 años de edad es necesario el consentimiento informado de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 26 del Código Civil y Comercial y la resolución 65/15 del Ministerio de Salud de la Nación en concordancia con la Convención de los Derechos del Niño, la ley 26.061, el artículo 7º del anexo I del decreto 415/06 y el decreto reglamentario 1.282/03 de la ley 25.673.

Personas con capacidad restringida

Si se trata de una persona con capacidad restringida por sentencia judicial y la restricción no tiene relación con el ejercicio de los derechos que da esta ley, podrá prestar su consentimiento informado sin ningún impedimento ni necesidad de autorización previa y, si lo deseare, con la asistencia del sistema de apoyo previsto en el artículo 43 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Las personas que actúan como sistema de apoyo no representan ni sustituyen a la persona con discapacidad en el ejercicio de sus derechos. Por lo tanto, es necesario que el sistema de apoyo incorpore salvaguardas adecuadas para que no existan abusos y las decisiones sean tomadas por la titular del derecho.

Si la sentencia judicial de restricción a la capacidad impide prestar el consentimiento para el ejercicio de los derechos previstos en esta ley, o la persona ha sido declarada incapaz judicialmente, deberá prestar su consentimiento con la asistencia de su representante legal o, a falta de representante legal, la de una persona allegada de acuerdo al artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

Si existe una sentencia judicial de restricción a la capacidad que impida prestar el consentimiento para interrumpir el embarazo o la persona hubiera sido declarada incapaz judicialmente en virtud del artículo 32, último párrafo del Código Civil y Comercial de la Nación, el consentimiento se debe dar en los términos en que se haya dispuesto en la sentencia, por la persona designada representante o ante la falta o ausencia de esta, la de una persona allegada, en los términos del último párrafo del artículo 59 del Código Civil y Comercial de la Nación.

En ningún caso se deberá solicitar autorización judicial para acceder a la interrupción del embarazo.

Objeción de conciencia

El o la profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia. Para ello deberá:

  • Mantener su decisión en todos los ámbitos, público, privado o de la seguridad social, en los que ejerza su profesión;
  • Derivar de buena fe a la paciente para que sea atendida por otro u otra profesional en forma temporánea y oportuna, sin perder tiempo;
  • Cumplir con el resto de sus deberes profesionales y obligaciones jurídicas.

El personal de salud no podrá negarse a realizar la interrupción del embarazo en caso de emergencia en el que la vida o salud de la persona gestante esté en peligro y requiera atención inmediata e impostergable. Es decir, cuando la práctica deba realizarse en forma urgente para evitar poner en riesgo la salud física o la vida de la persona gestante.

No se podrá alegar objeción de conciencia para negarse a prestar atención sanitaria postaborto.

El incumplimiento de estas obligaciones dará lugar a las sanciones disciplinarias, administrativas, penales y civiles, según corresponda.

Por redacción.

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