Expresó en los estudios de FM Regional 106.9 Leandro Ripamontti, uno de las productores que estuvo dialogando acerca de la situación del sector en la zona Este.
Ante la constante y grave situación vitivinícola que algunos productores independientes ya han reclamado innumerable de veces al Estado provincial nuestro medio dialogó con Natalia Acre, productora de la zona Norte de San Martín, Leandro Ripamontti, productor de Los Barriales Junín y con Luis Caña también productor de San Martín, quienes se refirieron a varios temas que afectan al sector.
Los entrevistados fueron consultados acerca de cómo está funcionando la llamada Ley Mansur aprobada en diciembre del 2018 la cual buscaba ser una herramienta legal para la comercialización de productos, a través de un Registro Obligatorio de Contrato que le permitiría al productor presentar el documento de compra-venta firmado por las partes como garantía propia para encarar inversiones futuras en entidades financieras
Al respecto Leandro comenzó diciendo: «Hecha la ley, hecha la trampa, fue fácilmente evasivo, así que en realidad fue una ley hecha para precisamente favorecer al eslabón más débil de la cadena que es el productor primario y lo terminó perjudicando, porque se puso vigencia el año pasado y el año pasado por cuestiones coyunturales el valor financiero del dinero en ese momento y una serie de cuestiones, no hubo ninguna bodega que compró vino, entonces como resultado terminó más perjudicado al productor, porque terminó obligado a elaborar vino y cuando se elabora vino no hay necesidad de firmar ningún contrato, es solamente para venta de uva y muchas veces en época de cosecha uno establece un valor de la uva, no se firma ningún contrato, porque se hace el equivalente a los gastos de la elaboración y directamente después se termina facturando como vino. Entonces es como que da lo mismo, no para el pequeño productor que lo único que quiere es llegar a cobrar lo antes posible el primer pago para cubrir deudas, para cubrir descubiertos y una serie de gastos que tiene de la venta de esa uva, pero en mucho de los casos termina cobrando sea venta de uva o de vino a los 4 o 5 meses».
En el mismo sentido y sobre esta falta de control del Estado, el productor oriundo de Junín siguió diciendo: «Toda la herramienta que puede llegar a tener el pequeño productor de elaborar el vino, en muchos casos en épocas pasadas nuestros abuelos guardan una cosecha de vino sin vender, eso les permitía ellos hacerse como reseguro de las contingencias climáticas, también de mercado, porque habían años como siempre ha ocurrido, donde el vino no era conveniente venderlo y el productor decía hacer un resguardo en vino. Era más ventajoso guardar el valor del producto en vino que en otra cosa, pero en estos momentos guardar su valor en vino es totalmente perjudicial, porque sino tuvo que rematar al vino elaborado, termina pagando gastos de elaboración altísimos y en esa coyuntura hasta el productor en este momento no tiene ningún tipo de defensa para combatir la inflación, ya que el precio del vino o de traslado no se actualizan en relación mínimamente a la inflación, así que lamentablemente lo que trata de hacer el productor, es cobrar lo antes posible y esa estrategia también cae en las manos de la voluntad ‘generosa’ de los bodegueros que le llaman adelanto al propio dinero que se le paga de contado de la uva que ya ingresó a la bodega, inclusive cobran un valor financiero de ese dinero, cuando ya supuestamente es un cobro legítimo de una uva que como dije ya ingresó a la bodega».
Por su parte y respondiendo al interrogante de ¿si creen que no se le da la importancia que merece el productor pese que es el sector que mueve la rueda?, Luis Caña respondió: «Lo que pasa es que sólo las grandes instituciones son las que mueven la rueda y pareciera que tienen más poder un Gobernador o que el Gobierno de la Provincia, porque el Vicegobernador en su campaña dio una fuerte pelea contra la Coviar y parece que en este momento la lucha la ganó la Coviar. Mucha gente del Este puso su voto por esa gran lucha que se estaba dando contra la Coviar, pero vemos que la misma no solo no se va, sino que se aumenta. Así que vemos que tienen más poder estas 3 o 4 instituciones, la Federación y la Corporación que el propio Gobierno. Siempre nos han dicho que quieren trabajar por el productor y nosotros estamos sin rentabilidad hoy, ahora con el precio que estamos estamos 0 de rentabilidad. Los vinos comunes no se puede vender a más de $23 y un varietal no menos de $45 y estamos casi en la mitad y sin esos precios nosotros no podemos seguir trabajando. Osea vamos a seguir trabajando pero no podemos amortizar nuestros bienes, no podemos cambiar la rueda de un tractor, el disco de una arado, entonces no vas a ver cada vez más chicos, más fundidos hasta que en un momento que vamos a tener que vender el tractor para pagar un impuesto, porque la presión tributaria es grandísima. Estamos en una situación muy difícil».
En tanto Leandro añadió: «Hay una tentación siempre en las reuniones que hemos hecho de productores y nos preguntamos entre nosotros cómo piensa el Gobierno, ¿cuál es la situación en este momento?, ¿realmente quieren proteger al pequeño productor?, que es el que reparte el que da trabajo al desocupado, que está ahí esperando una poda, una cosecha y que está esperando ser contratista de una pequeña propiedad. Pero la verdad que no sabemos porqué este año último no es considerado el productor primario, no lo sabemos realmente, igual yo creo que lo único que le interesa al Gobierno es la minería, debido a la crisis hídrica. Parece que se olvidan de que todavía la actividad económica principal de Mendoza sigue siendo la vitivinicultura y un día que no estemos más, quizás lo pueden llegar a sentir o no, porque tal vez sea momento dar paso a la minería. Esa una especulación que ahora tenemos y quedará para analistas expertos en la materia».
«Además ellos creen que el cooperativismo en la solución de todos los problemas y nosotros vemos en los ejemplos que no, que las cooperativas han sido un problema más para el productor lo hemos padecido con Fecovita. Encima a APROEM ni siquiera la llaman para negociar, siempre hay como asociaciones fantasmas que representan falsamente al productor real. Son estrategias», argumentó Leandro.
Mientras que Natalia se refirió al operativo lanzado a principios del 2020 y destacó: «La asistencia de parte del Gobierno otorgada este año fue un operativo totalmente fallido, porque con el dinero que pusieron no compraron nada más que un 12% de lo que habían dispuesto, porque no favorecía en nada al productor, entonces ninguno de los productores se animó a vender mediante ese operativo»
«Un detalle a destacar respecto a esto es que no puede ser nunca exitoso un operativo de compras cuando el precio de referencia es inferior al precio de mercado. Entonces era como que al principio pudo haber sido tentador, porque estaba congelado el precio del vino, pero cuando tibiamente el INV salió a dar los primeros pronósticos, ya se notaba una tonificación debido a la escasa cosecha de este año, terminó siendo un precio de referencia, sino bajo y fue un fracaso el operativo del Gobierno. Al principio lo anuncian como un gran operativo, como la salvación y cuando se dieron cuenta… terminó siendo un techo para el precio de la uva, es decir que fue directamente en perjuicio de los productores», cerró diciendo Leandro.
Por redacción.