Juan Carlos González, que es el defensor de las personas con discapacidad, dio un pantallazo sobre varias cuestiones vinculadas a la situación de las pensiones y las bajas que se dieron en algunas provincias.
En charla con este medio, González explicó que “en principio tenemos que decir que esas bajas y suspensiones de pensiones tienen que ver con las auditorías que se realizaron durante el año 2024, auditorías que no se realizaron en la provincia de Mendoza, se realizaron en Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Mar del Plata, CABA y Formosa. Hay mucha desinformación por parte de la Agencia Nacional de Discapacidad, con lo cual han surgido dos números muy disímiles. Una cifra habla de 2.000 suspensiones y la otra habla de 28.000. Lo cierto es que aún no alcanzan a las de la provincia de Mendoza”
“Ya venimos haciendo acciones, incluso judiciales, que tienen que ver con la inconstitucionalidad con la que ya estamos viendo que se están dando aquellas bajas o suspensiones. Vamos a estar muy alerta para que en la provincia no ocurra eso y podamos reaccionar de manera adecuada y rápida”, advirtió el entrevistado.
González también hizo referencia a los controles y admitió que “nosotros estamos a favor de que se audite, porque eso trae transparencia. El tema es que aquí se nos dijo que estas auditorías se hacían con un objetivo de justicia, que habían muchísimas irregularidades y así es que, desde la vocería de la Presidencia de la Nación, se mostró la radiografía de un perro y se dijo que se habían hecho muchas pensiones por esa radiografía, cosa que no es cierto. Después hubo una desmentida, muy tibia, muy tenue, y así se va desacreditando un instrumento de derechos humanos, como es la pensión”
“Nosotros estamos viendo que no se ha hecho nada de justicia, porque hasta aquí no hemos visto a nadie preso por las irregularidades, no hemos visto el nombre ni el apellido de ningún médico que haya cometido alguna irregularidad, cosa que puede haber pasado, pero que ciertamente, en términos de justicia, no ha ocurrido”, manifestó.
El defensor de las personas con discapacidad explicó también algunos términos vinculados al estado actual de las pensiones: “Se sancionó, sobre fines de año pasado, el decreto 843, con el cual se vuelve a criterios muy antiguos por los cuales se otorgaban o se retrasaban las pensiones. Existe mucha discriminación y desconocimiento por parte de los empleadores, existe mucha falta de acceso a la educación, a la salud, a los apoyos necesarios, motivos que hacen y dificultan el acceso de una persona a un trabajo, que no solamente es la condición grave de salud del 66% de incapacidad laborativa. Lo mismo ocurre con el criterio de la obligatoriedad de los familiares a proporcionar alimentos”
Acudieron a las Naciones Unidas
González también hizo hincapié en que “ahora respaldamos también la presentación que se ha hecho ante las Naciones Unidas por los malos mecanismos, inaccesibles e irrespetuosos, del debido proceso que se está haciendo desde el Gobierno nacional en cuanto a las auditorías”
“Por ejemplo, personas que están siendo citadas a centros de salud muy lejanos, a cientos de kilómetros, personas que no están siendo citadas con los apoyos, por ejemplo, personas sordas que no están siendo citadas con intérpretes con lengua de señas. Cuestiones que no se están considerando, que hay gente que no es porque tenga algo que esconder que no se presenta, sino que no se presenta en la auditoría porque está postrada, porque no tiene forma de subirse a un colectivo o por distintos motivos”, cerró.
